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Por Luis Mario Labor Torres
El enfoque de los derechos humanos en el análisis de problemas transnacionales ha sido, en tiempos contemporáneos, sustancial para la construcción de consensos: el establecimiento de la OIT para la regulación de principios de los derechos de trabajadores; o los Principios Rectores de las Empresas y Derechos Humanos de responsabilidad colectiva, por otro lado, representan su éxito.
Y es debido a que los efectos del crimen organizado y la violencia en el Triángulo Norte superan barreras nacionales, que los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) deben trabajar inteligentemente en medidas específicas adaptadas a sus intereses.
Su realización, sin embargo, más que voluntad política, implica hacer llamados junto a la sociedad civil a proponer medidas que trasciendan de estrategias individuales manoduristas por un esfuerzo multilateral inclusivo.
No cometer los mismos errores
El origen de un auge de la violencia en el Triángulo Norte es conocido: impedimento del goce de una vida digna, inaccesibilidad a recursos efectivos de justicia, y ausencia estatal para la seguridad individual o colectiva, están entre las causas generales de un mal profundo.
Grupos territoriales, como la MS-13 y Barrio-18, se han conformado por ejemplo de individuos excluidos que justamente, ante la incapacidad estatal, recurren a una estructura sustituta para satisfacer sus necesidades básicas. De igual manera, el mercado de narcóticos se ha presentado como una alternativa tentadora de ingresos para otros grupos.
Ante la deficiencia social-política en Centroamérica, la priorización de un ambiente nacional e internacional para el ejercicio de los derechos fundamentales parecería recibir un lugar privilegiado. Su atención no solo toma relevancia retroactiva en la prevención de la violencia; sino que es, al mismo tiempo, un indicador clave en la imagen internacional.
En contraposición, sin embargo, los gobiernos –especialmente del Triángulo Norte- ha optado por estrategias manoduristas. Las políticas represivas, aplicadas en diferentes etapas de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, además de ignorar las verdaderas dimensiones del problema y su desarrollo, desgastan al sistema democrático con constantes contradicciones al estado de derecho y consiguientes violaciones.
Organizaciones como International Transparency, Human Rights Watch e instituciones nacionales de derechos humanos han denunciado estos abusos de poder a lo largo del proceso.
Sin embargo, para materializar esta idea, es oportuno señalar dos ejemplos concretos:
Las deportaciones a finales de la época Reagan e inicios del periodo Bush (1989-1993) iniciaron la consolidación de las pandillas MS 13 y Barrio 18 –dividida años después- en el Triángulo Norte, teniendo alrededor de 27 000 miembros activos en el 2012.
El hecho que el Departamento del Tesoro estadounidense catalogue a una de ellas (MS-13) como un “grupo internacional criminal”, dirige directamente sus esfuerzos a desmantelar la estructura.
Desde entonces, los gobiernos de Guatemala (2019) y El Salvador (2016) se han sumado a categorizar –erróneamente- las pandillas como grupos “terroristas”. Las prácticas represivas han sido ineficaces y costosas, así como herramientas para arbitrariedades.
Debido a que el Triángulo Norte representa la parte final del “puente” del narcotráfico en su ruta hacia México, el consumo y la producción no representan la mayor incidencia en Centroamérica.
Ir a la “guerra” contra el narcotráfico arroja resultados esporádicos y temporales. Felipe Calderón, expresidente de México (2006-2012), dejó en clara evidencia esta premisa al sumergir a México en un círculo de violencia profundo, con más de 100 000 homicidios durante su periodo.
Se puede inferir con los dos casos anteriores que el error de categorización llevó –lleva- a tomar medidas desproporcionales a su naturaleza. El manodurismo presenta una opción tentadora en temas electorales, pero descuida peligrosamente los intereses nacionales.
De seguir desatendiendo el cumplimiento de los derechos fundamentales en la prevención de la violencia y optando por medidas represivas; los esfuerzos económicos y políticos en el Triángulo Norte serán siempre limitados.
Tal esfuerzo solo es posible mediante un apoyo multilateral
Consensos en este punto llevaron a la creación de la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC), una instancia de evaluación sobre materias de seguridad y prevención del SICA.
Anteriormente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional había cubierto la necesidad de un consenso legal y de cooperación en torno al combate del crimen organizado; la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), por su parte, organizó los asuntos de seguimiento.
El trabajo en el diálogo e investigación de la CICAD ha sido de un gran valor, especialmente con el reconocimiento la Estrategia Hemisférica sobre Drogas (2010). Sin embargo, sería un error de perspectiva y resultados, considerar que todos los objetivos propios de seguimiento no distan de la prevención social que el Triángulo Norte necesita.
Por lo que, en concordancia con lo anterior y recogiendo las mejores atribuciones de dichos entes, el SICA, a través de las subcomisiones de seguridad, puede inaugurar una nueva evaluación de políticas de seguridad entre los Estados del Triángulo Norte y el resto.
Es viable rediseñar una CSC que encuentre intereses compartidos y los transmita a una mesa de diálogo con México, país clave en el escenario. Su supervisión puede involucrar distintos órganos y organizaciones internacionales (INTERPOL, por ejemplo), así como en apoyo técnico en materia de investigación.
Dado que no solo empujaría hacia una legitimidad y relevancia al Sistema de Integración, es indispensable el apoyo de todos los actores en el escenario.
El papel de la ciudadanía: la opinión pública por la unidad.
Impulsar un proceso de reforma y diseño es un proceso lento, complejo y de liderazgo. Se puede decir que las participaciones como alcances previos en la CSC han sido limitados o contradichos por la desconexión y condicionamiento de sus representantes con los presidentes.
Ante la falta de coordinación política, la sociedad civil debe impulsar desde dentro una concientización sobre el valor de los esfuerzos.
Ciertamente, las instituciones académicas y los organismos internacionales pueden canalizar la “energía” de jóvenes estudiantes –que representan a una parte importante de la juventud- a manera que se desarrolle una rigurosidad calificada al momento de evaluar, proponer y formular políticas públicas.
Es correcto que la opinión pública juega un papel más retroactivo que proactivo en materia de política exterior; sin embargo, su evaluación y control también es competencia.
De encontrar falta de voluntad política en sus representantes, las organizaciones no gubernamentales y civiles pueden promover libremente una campaña de conocimiento de la realidad, que posibilite el diálogo y llame la atención de la comunidad internacional -especialmente la Unión Europea- que ha demostrado un sustancial interés en iniciativas inclusivas.
Alcanzar la seguridad nacional y regional es una responsabilidad compartida que no recae exclusivamente en los gobiernos. Es deber de todos los que formamos parte del Estado desarrollarla, conservarla y nutrirla. Recordando precisamente a él bien común como la razón de concepción estatal y el consentimiento de los gobernados.
Llevarlo a cabo
Bajo el ejercicio de la libertad expresión y asociación, el sector académico y juvenil pueden llevar a cabo una iniciativa que defienda, informe y analice el correcto abordaje de la inseguridad pública hacia una visión más apegada a la realidad.
Así, en una coyuntura inédita que manifiesta ser larga y pesimista, Guatemala, Honduras y El Salvador tendrán que asegurar una adaptación institucional que responda al evolutivo escenario de seguridad pública: vulneración económica, cambios en las mercancías de contrabando y falta de presencia estatal.
Es imperativo que los Estados democráticos recuperen el debate y razonamiento en asuntos de interés común sobre diferencias ideológicas o coyunturales; sin dejar de lado los derechos fundamentales.
Existen indudablemente canales de interés colectivos que superan las diferencias políticas entre los Estados centroamericanos, así como medios para llevarlo a cabo: el Marco del Sistema de Integración o foros virtuales, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley y organizaciones de DDHH de los tres países, serv
Porque reflexionar esa percepción apática hacia los temas de integración, unión y cooperación es necesario y puede ser conseguido.
Lograr un interés y participación sustantiva es la mejor manera de preparase para las distintas coyunturas endémicas de cada país; una ciudadanía informada es la clave para afrontarlos. Por lo que ahora, más que nunca, vale la pena involucrarse.
BIBLIOGRAFÍA
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas, Viena, 2012.
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DE ABUSO DE LA DROGA (CICAD), Estrategia Hemisférica sobre Drogas, Washington D.C, 2010.
UNODC, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, Nueva York, 2004.
COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA, disponible en https://www.sica.int/csc/breve con acceso el 4/06/2020.
OBSERVATORIO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO SOCIAL, disponible en https://www.sisca.int/ocades-text/formacion/1-publicaciones/serie-de-infografias/demografia/347-infografia-53-la-poblacion-joven-en-centroamerica-y-republica-dominicana/file con acceso el 4/06/2020.
SOBRE LA IMAGEN:
Autor: Benedict Benedict, disponible en https://www.flickr.com/photos/34925179@N08
Sugerencia de cita: "Evidence" by -Benedikt-
Me gusto mucho el contenido que posee este documento, que principalmente se enfoca en el abordaje de la seguridad publica que hay en el panorama de triangulo norte. El documento nos habla sobre el aspecto económico y desarrollo de los países que conforman el triangulo norte, lo cual estos aspectos nos son positivos en los países y esto genera que aumenten los grupos terroristas y aumente la violencia. Muy interesante la solución que brinda el escritos sobre la educación es un aspecto muy importante para que estos grupos no sigan teniendo mas integrantes. Lo cual me gustaría recalcar que el ámbito económico genera estos sucesos y hemos recibido apoyo otros países, pero la corrupción de los gobiernos hace que este apoyo no sea el adecuado para este caso. La seguridad del triangulo norte ha ido decayendo a los largo de los años por el proceso que se a llevado acabo.
ResponderBorrarLa seguridad pública en el triangulo norte recae mucho en el aspecto que menciona el autor que efectivamente se ha perdido el interés de debatir y razonar asuntos de interés común que diferencian a estos países ya que al resolver las diferencias y unir esfuerzos es una vía bastante viable y efectiva , también estoy de acuerdo con la propuesta de apoyar mas al sector académico para que analicen e informen correctamente a las entidades internacionales una versión mas realista acerca de la inseguridad pública que se vive , sin embargo las políticas represivas y aunque se han conformado la comisiones de seguridad a mi parecer el apoyo multilateral hasta la fecha no ha sido realmente efectivo, aunque se quiera realizar algo mediante el apoyo multilateral , los esfuerzos nacionales (principales) que se quieran ejecutar por parte de cada gobierno mediante la seguridad pública se centra en el sentimiento subjetivo de seguridad y la percepción que tiene la población con respecto a ello.
ResponderBorrarDe hecho, la falsa percepción de seguridad que puede dar la presencia de miembros de seguridad es una razón clave del manodurismo. Gracias por tu comentario y aporte, Linda.
BorrarInteresante aporte, sabemos que a estos grupos criminales no se les puede llamar "terroristas" por completo, ya que el terrorismo abarca muchos aspectos más, ya que lo que estos buscan además de infundir miedo, o inseguridad, es arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes a la soberanía de los Estados, sin embargo, a pesar de esto, siguen siendo una amenaza para la seguridad de los países, así como para la posesión y conservación de los derechos fundamentales de la población, y en todo caso para poder luchar contra esto, se necesitaría que se empleen más medidas preventivas para los mismos, que deben ser diseñadas y ejecutadas por las instituciones correspondientes, y no el empleo de más medidas represivas.
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