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LA PARADOJA DE EL SALVADOR EN MALÍ

Por Luis Mario Labor Torres (*)

«Quisiera en este momento, mientras agradezco al pueblo de Malí su apoyo a lo largo de estos años y la calidez de su afecto, comunicarles mi decisión de dejar mis funciones, todas mis funciones, a partir de este momento. Y con todas las consecuencias legales: la disolución de la Asamblea Nacional y la del gobierno»

Eran las palabras con que Ibrahim Boubacar Keita, presidente de Malí, anunciaba su dimisión tras un Golpe de Estado en agosto.

El derrocamiento, aplaudido en el interior, pero condenado internacionalmente, no obtuvo pronunciamiento de El Salvador pese a entablar relaciones diplomáticas con el país del Occidente de África en 2014.

Esto podría suponer, quizás, un grave descuido o, incluso, una respuesta tácita. Tales opciones no encuentran lugar, sin embargo, al considerarse que El Salvador mantiene a su contingente militar de mayor envergadura en la MINUSMA (Misión Multidimensional de Naciones Unidas para la Estabilización de Malí).

El contingente salvadoreño es el más numeroso de América en la misión, es casi tan amplio como los de Brasil o Perú a nivel mundial, y ha ido en aumento desde su instalación en 2015.

La falta de respuesta pone en cuestionamiento las genuinas motivaciones de El Salvador en Malí y sus propósitos con las misiones de paz en general.

Situación

La presencia de El Salvador en la MINUSMA ha sido, en lo menos, llamativa: para septiembre, el Contingente de Transporte y Control Aéreo superaba los 205 elementos; casi el total de personal de los contingentes de Brasil (282), Perú (233) o Guatemala (176) en otras misiones.

Para entender el generoso aporte de El Salvador en la MINSUMA, primero hay que tener presentes dos puntos:

1. El método actual de desembolso con que Naciones Unidas retribuye a cualquier país por su aporte a las misiones de paz.

2. El proceso de renovación de los contingentes parte de la MINUSMA en el caso salvadoreño desde su instalación.

Analicemos el mecanismo.

El Estado salvadoreño –en este caso, el Ministerio de Defensa- recibe un desembolso o retribución por cada soldado, miembro de policía y/o equipo que forma parte de del Contingente.

De forma sencilla, la ONU entrega los fondos a los países a cambio de su participación para que luego estos se encarguen de invertirlo en el contingente.

No obstante, falta de transparencia, la duración “indefinida”, y el secretismo con que se han manejado las renovaciones son tres características propias que definen con autoridad la participación de El Salvador en la MINUSMA.

De hecho, en la última prórroga, el órgano legislativo acordó que El Salvador formaría parte de la MINUSMA “hasta el periodo de duración del mandato”. O lo que es lo mismo: el contingente salvadoreño sería parte de la Misión hasta que esta culmine; sin necesidad de renovaciones anuales y ajeno a las circunstancias locales.

En este contexto, la escasez de análisis profundos convierte al reciente desentendimiento por parte de El Salvador ante el Golpe de Estado en un asunto más que grave.

El silencio por sí mismo no solo denota la lejanía y frialdad de las relaciones diplomáticas con Malí –y con todos los países africanos en general- sino que reafirma un claro desinterés en su situación socio-política a corto y largo plazo.
La paradoja de tener 205 elementos militares contribuyendo a las operaciones de seguridad en el Sahel, mientras la posición oficial salvadoreña es de indiferencia, exige seguir preguntando:

¿Hasta qué punto realmente le interesa a El Salvador el conflicto en Malí? ¿Se tienen ejes prioritarios de acción en la MINUSMA? ¿O pesa por sí solo el valor de los fondos?

Una monetización sin control

Extender el mandato del Contingente salvadoreño en la MINUSMA indefinidamente fue, y sigue siendo, un error estrepitoso que llama enlistar al país entre aquellos que monetizan las misiones de paz.

Apartando los conflictos éticos, el simple hecho de no contar con auditoría de la sociedad civil expone al país a varias consecuencias económicas y operacionales:

Expone al país a desarrollar una relación de subordinación de los recursos monetarios internos del Ministerio de Defensa –y, por ende, del Estado- a los fondos de retribución de Naciones Unidas.

Actualmente no se conoce el memorándum de entendimiento de El Salvador con la MINUSMA. Pero por salud financiera esta relación debería ir en función de los recursos disponibles y no al revés.

Solo en tres años, el Estado salvadoreño pasó de tener 90 elementos y tres helicópteros DM500 (aprobación, 2015) a 205 elementos y los seis helicópteros de la misma categoría (última prórroga, 2018). Casi el doble de su tamaño original.

En segundo lugar, al desconocer el tipo de acuerdo entre ambas partes, originaría la posibilidad de estar colocando en riesgo innecesario al personal, cuya remuneración correspondiente y mantenimiento del equipo no es posible verificar.

De nuevo: constatar qué se ha acordado, dar seguimiento, y transparentar cifras son pasos claves para garantizar tanto el funcionamiento adecuado del Contingente como el uso adecuado de los fondos.

En ello, la ONU también comparte responsabilidades.

Se vuelve necesario persuadir por un mecanismo más accesible para la sociedad civil sobre los datos generales: el acuerdo estipulado, los memorándums de entendimiento, o las normativas restrictivas de información que permitan corroborar los discursos locales de los gobiernos partes y sus argumentos.

Dicha reforma o iniciativa podría aprobarse dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Propuestas

Ante la clasificación de información general, la ausencia de debates inclusivos, y la innegable dificultad para emprender un proceso de reforma en el mecanismo, recomiendo al Estado salvadoreño:

1. Transparentar en cifras el ingreso directo por elemento parte de los contingentes de esta y otras misiones de paz, así como el ingreso retribuido total de cada una.

2. Aclarar el tipo de arrendamiento de equipo con la MINUSMA y el destino en cifras de los fondos reembolsados por recursos bélicos, humanos y armamentísticos vigentes de esta y otras misiones de paz.

3. Discutir en la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa a profundidad el retiro, disminución o renovación del Contingente y la Unidad Aérea en la MINUSMA, en conjunto con la Comisión de Relaciones Exteriores.

4. Sentar posición a tres meses del Golpe de Estado al presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita, cuyo derrocamiento significó una grave violación a los valores democráticos, el estado de derecho, y avances mismos de la MINUSMA.

5. Establecer una cronología y publicación del memorándum de entendimiento para la MINUSMA y otras misiones.

La situación interna de Malí, y de la región del Sahel en general, sigue siendo casi tan incierta como en el 2013, año en que se implementó la MINUSMA para traer seguridad y diálogo a la entonces etapa de “reconstrucción”.

Ibrahim Boubacar Keita era la opción democráticamente electa y lo más cercano a la estabilidad política para esta etapa en la nueva década.

Por lo que ahora, con el periodo de transición política en marcha, tanto la MINUSMA como El Salvador deben comenzar a reconocer que sus objetivos pueden no ser los mismos que los de hace siete años.

Que las motivaciones, humanistas o financieras, dependen de un escenario socio-político e internacional completamente distinto.

Que no es un atrevimiento iniciar a cuestionar: ¿Por qué se está en Malí?

(*) El autor es estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales y colabora con el Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales (CEINASEG) de Venezuela, y miembro del equipo de colaboradores del Centro Mexicano de Relaciones Internacionales (CEMERI).